Licencias de conducir
La simplificación administrativa se mantiene como objetivo del Ejecutivo, y esta semana fuimos gratamente sorprendidos con el anuncio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) respecto a que se amplía de ocho a diez años la vigencia de las licencias de conducir para particulares y que se establecen, también, incentivos para los buenos conductores.
Se trata de un cambio que beneficiará a miles de choferes, que de esta manera retardan por dos años la obligación de acudir a las oficinas públicas para renovar la licencia de conducir, además que para su trámite ahora solo será necesario el examen médico, ya no el de conocimientos como hasta ahora.
Por supuesto, nadie está en contra del rol regulador y supervisor del Estado sobre la actividad privada, primordial en toda sociedad desarrollada, pero en el Perú hemos tenido un exceso de trámites y plazos cortos que demandaban más tiempo al ciudadano en su interacción con la administración pública.
El titular del MTC, Bruno Giuffra, al divulgar la noticia en su cuenta de Twitter, ha exclamado que “vamos a modernizarlo todo”, y eso es precisamente lo que hacía falta, más confianza del Estado en el ciudadano, menos trámites, plazos de vigencia más largos y menos papeles.
El Decreto Supremo 007-2017 del MTC, que modifica el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, establece que la licencia de conducir de la Clase A-Categoría I tendrá una vigencia de 10 años desde la fecha de su emisión, y su obtención o revalidación dependerá del récord de infracciones del conductor.
Así, la licencia tendrá una vigencia de 10 años si el conductor no ha sido sancionado, o lo ha sido con sanciones aplicables a infracciones leves.
Si el conductor ha sido sancionado por infracción grave o muy grave que no amerite la suspensión de la licencia, la vigencia será de ocho años.
Mientras que el plazo de vigencia de cinco años se dará si el conductor ha sido sancionado con la suspensión de la licencia o ha sido inhabilitado temporalmente para obtenerla. Los cambios empezarán a regir a partir del lunes 7 de agosto.
Uno de los activos de este Gobierno es precisamente su política de simplificación administrativa. Apenas en julio pasado, el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, anunció el inicio de la evaluación de 4,000 procedimientos administrativos, a fin de identificar, reducir o eliminar los procesos que resulten innecesarios, injustificados, desproporcionados o redundantes, y que son en gran parte responsables de la corrupción y la informalidad.
Esperemos que esta filosofía de gobierno no solo se mantenga en estos cinco años, sino que también se institucionalice como política pública para las próximas generaciones.
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